P.F.N. S/APELACIÓN CONTRAVENCIÓN DE TRÁNSITO

Quién demanda: F. N. P. (infractor), a través de su letrado Sebastián Martínez, interpone recurso de apelación contra resolución del Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental.

¿A quién se demanda?

El acto administrativo de la autoridad de tránsito que originó la contravención, cuya resolución fue dictada por la Jueza María Laura Pinto.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

F. N. P. impugna una contravención de tránsito por conducción bajo influencia de alcohol, solicitando: (i) declaración de nulidades en el procedimiento de tránsito; (ii) revocación de la sanción; (iii) subsidiariamente, reducción de la multa impuesta (fijada en 900 UF) y disminución del plazo de inhabilitación especial.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró inadmisible el recurso de apelación, considerándolo mal concedido por la Jueza A Quo. Fundamentos principales de la decisión: La sentencia desarrolla los requisitos para la admisibilidad de impugnaciones contra sentencias en faltas municipales, conforme lo establecido por la Suprema Corte Provincial en causa P. 120.930: "...en el marco del Código de Faltas Municipales, los Juzgados en lo Correccional o de Paz Letrado intervienen como órganos jurisdiccionales de control, sin que se contemple recurso de apelación contra sus decisiones. Por ello -a partir de la sanción de la ley 13.812 y la modificación que con ella se efectuó sobre la competencia del Tribunal de Casación Provincial-, ésta Cámara resulta competente en el trámite vinculado a dichas infracciones, sólo para resolver acerca de los agravios constitucionales que se planteen..." El tribunal advierte que los agravios del recurrente constituyen "una reiteración de los planteos que efectuó el infractor en el curso del proceso, sin alegar ni demostrar que se hubiera incurrido en arbitrariedad de las decisiones anteriores o en omisión de tratamiento por parte de las Juezas actuantes." La Jueza Correccional había respondido debidamente a cada uno de ellos en su resolución de fs.46/51 vta. Respecto a la exigencia de fundamentación autónoma en materia federal, la Cámara cita doctrina de la Corte Suprema Nacional: "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa..." (C.S.J.N., Fallos 310:234), requiriéndose "omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que permitan descalificar a las sentencias como acto jurisdiccional." Asimismo, destaca que "la sola mención [de afectaciones de derechos constitucionales] sin ningún tipo de explicación que vincule sus expresiones con lo decidido en el caso y sin contar con desarrollo argumental alguno que respalde la presencia de las vulneraciones, no resulta suficiente para considerar que hubieran sido esgrimidas en forma técnicamente adecuada (art. 14 de la ley nacional nro. 48)." La Cámara invoca también precedentes de la Corte Suprema Nacional ("Strada", "Di Mascio" y "Christou") respecto a la necesaria fundamentación técnica de cuestiones federales, citando a la Suprema Corte Provincial: "...Si bien no existen fórmulas sacramentales para introducir la cuestión federal, es indispensable que en la primera oportunidad concreta se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto..." (SCBA LP Rp 123531 I; 01/07/2015). Finalmente, la Cámara estima que "el monto de la pena de multa se redujo a un total de 900 UF, considerando el nivel de alcohol registrado, no apareciendo como una desproporción, al igual que la inhabilitación impuesta."