VARGAS KARINA EDITH C/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE S/PRETENSION ANULATORIA

Quién demanda: Karina Edith Vargas, agente de planta temporaria de la Municipalidad de Tigre.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Tigre.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad del Decreto Nº 231 del 24 de febrero de 2015 que dispuso el cese de la actora con anterioridad al vencimiento del plazo de su designación (31 de diciembre de 2015). Indemnización por salarios caídos, indemnización conforme artículo 24 inciso 2 de la Ley 11.757, y daño moral.

¿Qué se resolvió?

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando la nulidad del Decreto Nº 231/15 y condenando a la demandada a abonar el 40% del salario que hubiera correspondido percibir en situación de actividad en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo el proporcional del sueldo anual complementario y licencia no gozada, con intereses. Rechazó las pretensiones de indemnización conforme al artículo 24 inciso 2 de la Ley 11.757 y el reclamo por daño moral. Ambas partes apelaron. La Cámara declaró desiertos ambos recursos por insuficiencia técnica, confirmando así la sentencia de primera instancia. Fundamentos principales de la decisión: El fallo de primera instancia fundamentó la nulidad del acto administrativo en el vicio de motivación. Tal como expresó el juez de grado: > "Consideró el sentenciante que la motivación del acto lucía aparente, toda vez que se invocaron genéricamente 'razones de servicio' para encubrir una valoración negativa del desempeño, sin aportar elementos fácticos que la sustentaran. Concluyó que tal vicio en la motivación tornaba nulo el acto administrativo." Respecto de los salarios caídos, el tribunal determinó: > "Respecto de los salarios caídos, sostuvo que la ilegitimidad del cese anticipado (ruptura ante tempus) genera el derecho a la reparación, la cual fijó prudencialmente en el 40% de las remuneraciones que la actora hubiera debido percibir desde la fecha del cese (28/02/15) hasta la finalización prevista del contrato (31/12/15), incluyendo el proporcional del sueldo anual complementario y licencia no gozada. Para dicho cálculo, ordenó tomar como base el sueldo neto actual del cargo, adicionando intereses." Esta reducción fue fundamentada en la ponderación de la falta de prestación efectiva del servicio por parte de la agente. Respecto del daño moral, el tribunal señaló: > "El rechazo del daño moral: Concluyó que, en el ámbito del empleo público temporario, no rige la presunción de daño in re ipsa, pesando la carga de la prueba sobre la actora (cfr. art. 375 del C.P.C.C.), quien no logró acreditar padecimientos espirituales concretos a través de las testimoniales rendidas, configurándose una orfandad probatoria sobre dicho tema." La Cámara confirmó la sentencia porque ambos recursos fueron declarados desiertos. En relación al recurso de la Municipalidad, la Cámara expresó: > "La apelante omite toda confrontación con la interpretación del vicio de motivación que realiza el sentenciante, el cual constituye la ratio decidendi de la nulidad decretada. Contrariamente, su embate se parcializa y se dirige a reiterar argumentos defensivos que no logran conmover dicha estructura." Y respecto del recurso de la actora: > "Del análisis de la pieza recursiva se desprende idéntica suerte. La recurrente califica el porcentaje indemnizatorio del 40% como 'exiguo y arbitrario' y realiza un cálculo matemático argumentando sobre el porcentaje de incumplimiento temporal del contrato. Sin embargo, si bien introduce un cálculo aritmético basado en el tiempo no trabajado, no ataca el fundamento jurídico utilizado por el a quo para la reducción, esto es, la doctrina de la Suprema Corte provincial sobre la ponderación prudencial ante la falta de contraprestación laboral efectiva." La Cámara enfatizó que ambas partes incumplieron con el requisito de expresar agravios suficientemente fundamentados, estableciendo: > "En definitiva, esta Alzada tiene dicho que la crítica debe ser concreta, lo que supone que la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, incumbe luego a la parte interesada la tarea de demostrar cuál es el punto del desarrollo argumental en que se ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica."