PEÑA IGNACIO RAMON Y OTRO/A C/ VEGA JOAQUIN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

Quién demanda: Ignacio Ramón Peña y Mariana Andrea Villalba, por derecho propio y en representación de su hija menor Guadalupe Daniela Peña.

¿A quién se demanda?

Joaquín Vega (conductor demandado) y Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada (citada en garantía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito ocurrido el 5 de noviembre de 2018, en calle 10 entre calles 51 y 53 de Mercedes, en el cual la motocicleta del actor fue embestida por la del demandado. La menor Guadalupe Daniela Peña sufrió fractura de tibia y peroné.

¿Qué se resolvió?

La Cámara MODIFICÓ parcialmente la sentencia de primera instancia. Confirmó la responsabilidad concurrente al 50% para ambos conductores, pero aumentó significativamente los montos indemnizatorios y actualizó el límite de cobertura aseguratoria. Fundamentos principales: En cuanto a la responsabilidad, la Cámara sostuvo: "Sabido es que en caso de colisión entre dos cosas generadoras de riesgos o que presenten vicios, cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados al otro, salvo que se demuestre que el accionar de la víctima o de un tercero haya excluido o limitado la responsabilidad de aquellos (arts. 1716, 1717, 1726 y ccs. CCyC)". Confirmó la culpa concurrente porque: (1) El actor realizó una maniobra de giro a la izquierda en calle de doble mano sin habilitación legal, sin precaución adecuada e interponiéndose en la trayectoria del demandado; (2) transportaba dos menores sin casco en violación del art. 14 del Decreto Reg. 532/2009; (3) El demandado conducía sin licencia habilitante para motocicleta de 250 cc (contaba solo con clase A.2.1 habilitada hasta 150 cc), circulaba a velocidad superior sin mantener distancia prudencial, infringiendo art. 39 inc. b) de ley 24.449. Respecto de la incapacidad psicofísica, la Cámara rechazó la imposición del baremo laboral (Decreto 659/96) para el fuero civil: "En el fuero civil dicha tabla carece de carácter obligatorio y no puede ser impuesta como parámetro de valuación. Ello así, por cuanto el baremo laboral fue concebido exclusivamente para medir la pérdida de capacidad de ganancia en el ámbito del trabajo, mientras que la responsabilidad civil exige una valoración integral del daño en todas las dimensiones de la vida del damnificado -laboral, social, familiar y recreativa". Confirmó el 34% de incapacidad determinado por el perito utilizando el Baremo Civil de Altube y Rinaldi. Para la cuantificación, aumentó significativamente el monto aplicando fórmula Méndez con actualización: "Teniendo en cuenta la incapacidad dictaminada por el perito médico en el 34% y siendo que la AUH aumentó 3,4% en mayo de 2026, con tal actualización, el monto general es $ 141.312,64 por hijo (Fuente ANSES). En consecuencia, la reparación por el periodo entre los 11 y los 18 años, asciende a la suma de $ 10.140.000,00. Ahora bien, la situación subjetiva de plena capacidad para trabajar se adquiere a los 18 años, por lo que, en el caso, a los fines de cuantificar esta etapa, reparo en el valor del SMVM -Salario Mínimo Vital y Móvil, $ 363.000, correspondiente al mes de mayo 2026". La indemnización total quedó fijada en $129.547.924. En materia de daño psicológico, rechazó fijar un rubro autónomo por la concausalidad probada: "La propia perito reconoció expresamente en su informe que el nexo establecido es concausal -no exclusivo
- y que el hecho de autos 'agravó sintomatología depresiva' preexistente vinculada a otras causas ajenas al siniestro. En tales condiciones, no resulta jurídicamente posible fijar una indemnización autónoma por incapacidad psicológica sin sustento cuantitativo preciso, pues ello implicaría atribuir al responsable consecuencias que no le son causalmente imputables en forma exclusiva". Las repercusiones anímicas fueron ponderadas al elevar el daño moral a $39.000.000. Sobre el límite de cobertura aseguratoria, la Cámara aplicó doctrina de la SCBA: "La 'revisión equitativa del contrato' implica incluir en 'la medida del seguro' el valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva. Tiene por finalidad readecuar los guarismos de manera tal que la suma asegurada mantenga la capacidad de cobertura que el asegurado había contratado". Actualizó el límite de $6.000.000 a $208.000.000 conforme Resolución 589/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.