.................... S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 132.574 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I

Quién demanda: C. A. A. B., a través de su defensa oficial (doctor José María Hernández).

¿A quién se demanda?

Contra la sentencia de la Sala I del Tribunal de Casación Penal que rechazó el recurso de casación.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la unificación de condenas y la pena única de diecinueve años de prisión. La defensa denuncia: (i) arbitraria interpretación del art. 55 del Código Penal en la conformación de la escala unificatoria; (ii) transgresión al ámbito de vigencia temporal del principio de especialidad en materia penal juvenil, violando la doctrina sentada en el fallo "Ruiz" de la Corte Suprema de Justicia; (iii) incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus principios de "interés superior del niño" y privación de libertad como "última ratio"; (iv) desproporción de la pena que supera incluso la impuesta a autores de homicidio criminis causae bajo la ley 22.278.

¿Qué se resolvió?

La Corte hace lugar al recurso extraordinario, casa la sentencia de Casación y devuelve los autos al Tribunal de Casación para que jueces habilitados dicten una nueva decisión ajustada a derecho. Se anuló la sentencia por arbitrariedad y falta de fundamentación adecuada. Fundamentos principales de la decisión: La Corte identificó dos afirmaciones erradas en el fallo casatorio que lo tornaron arbitrario: "...la conclusión de que resulta un contrasentido reclamar para aquel la aplicación de preceptos que están reservados a los menores de edad, como los referidos al fin de la pena, porque respecto de uno de los hechos habría sido mayor, no se corresponde con las constancias comprobadas de la causa. Otro tanto sucede, cuando se afirma en la sentencia en crisis que '...no se trata aquí del juzgamiento de un joven punible sujeto a un régimen normativo específico, sino que lo que se debate -puntualmente
- es la unificación de las condenas que registra B., siendo que algunos de los hechos juzgados fueron cometidos cuando aún era menor de edad, mientras que la restante condena fue dispuesta cuando ya era adulto', aunque, se insiste, que también respecto de esa condena, el joven fue juzgado bajo las previsiones de la ley 22.278, puesto que era menor al momento de su comisión." La Corte señaló que de las tres condenas que comprenden el proceso de unificación (hechos del 4 de junio de 2014, sentencia del 10 de marzo de 2017 y sentencia del 31 de mayo de 2019), todas derivan de procesos penales llevados a cabo bajo el régimen de la ley 22.278. Por tanto, la Sala de Casación incurrió en desinterpretación de la materia objeto de revisión al afirmar que una de las condenas había sido impuesta cuando el condenado era adulto. Consecuentemente, la Corte sostuvo que el planteo de la defensa respecto de cuál debería ser el mínimo mayor para la conformación del proceso unificatorio —particularmente, si corresponde aplicar el límite máximo de quince años establecido en el art. 4 de la ley 22.278— "queda desplazada puesto que la desinterpretación de la materia objeto de revisión...no se corresponde con las constancias del caso, lo cual justifica la tacha de arbitrariedad denunciada por la defensa." La Corte concluyó: "Es requisito de validez de las sentencias que ellas sean fundadas y constituyan, en consecuencia, una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circancias de la causa...En consecuencia, corresponde casar la sentencia objeto de impugnación y reenviar la causa para que, jueces hábiles, dicten una nueva conforme a derecho."