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LASTIRI MARCELA ALEJANDRA C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La sentencia reconoce el derecho de la actora a percibir la bonificación por antigüedad al 3% por todos sus años de servicio, declarando la inconstitucionalidad de las normas que redujeron dicho porcentaje. Además, establece el pago retroactivo y la liquidación correspondiente, con costas a la demandada.

Recurso de apelacion Derecho laboral publico Bonificacion por antiguedad Constitucionalidad normas laborales Inconstitucionalidad leyes 11739 11905 Decreto 240/96 Reduccion salarial Principios constitucionales derechos adquiridos Prescripcion accion salarial Pago retroactivo Poder judicial buenos aires

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Marcela Alejandra Lastiri, demanda al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por la percepción de bonificación por antigüedad al 3% en todos sus años de servicio, alegando que las leyes y decretos que redujeron ese porcentaje desde 1996 son inconstitucionales. La sentencia considera que dicho esquema normativo vulnera principios constitucionales, especialmente la irrenunciabilidad, la igualdad y la progresividad, al haber reducido indefinidamente la bonificación por antigüedad en un contexto de ausencia de emergencia y sin justificar. La magistrada destaca que la normativa impugnada, al excluir a los magistrados y dejar a otros agentes en una situación de reducción permanente, viola la garantía de igualdad y la protección de derechos adquiridos. La sentencia fundamenta que las leyes 11739, 11905, y sus similares, junto con el decreto 240/96, son inconstitucionales, y en consecuencia, reconoce el derecho de la actora a percibir la bonificación en el 3% completo, incluyendo el período 1996. Se ordena además el pago retroactivo a partir del 29/07/2014, con intereses, y la liquidación dentro de los 60 días siguientes. Se imponen costas a la demandada, y se difiere la regulación de honorarios. La decisión se basa en que las reducciones salariales no se ajustan a los requisitos constitucionales para su validez y que la persistencia en el tiempo de dichas reducciones viola principios de progresividad y protección de derechos adquiridos.

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