RODRIGUEZ SANDRA ELENA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Sandra Elena Rodríguez, demanda el reconocimiento de su derecho a que se le liquide la bonificación por antigüedad al 3% sobre la totalidad de los años de servicios prestados, y la declaración de inconstitucionalidad de varias leyes que establecieron porcentajes inferiores o la suprimieron. La demandante argumenta que su vínculo laboral se rige por un régimen estatutario municipal, y que las normas cuestionadas afectan directamente sus derechos salariales, produciendo un daño irreparable. Solicitó la suspensión de dichas normas y el pago inmediato de la bonificación al 3% en forma periódica. El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar, considerando que la verosimilitud del derecho no se encontraba acreditada, pues las normas invocadas no resultaban aplicables a la situación laboral específica de la actora, y que la cuestión de constitucionalidad excedía el ámbito cautelar, requiriendo un análisis más profundo en el fondo del proceso. La apelante argumentó que la resolución causaba un daño irreparable y solicitó su revocación, alegando que la suspensión de normas no implica inconstitucionalidad provisoria, sino una herramienta que evita daños irreparables y que la presunción de legitimidad de las normas no es absoluta. La Cámara de Alzada confirma la decisión de grado, sosteniendo que la verosimilitud en el derecho no está acreditada, ya que la actora fundamenta su reclamo en normas cuya aplicación a su situación requiere un análisis de constitucionalidad que excede la etapa cautelar. Además, la situación de urgencia no se evidencia, puesto que la reclamación no implica una privación abrupta de derechos, sino una pretensión de reconocimiento de un derecho futuro. La resolución enfatiza que la medida cautelar requiere la comprobación de una probabilidad fundada del derecho y un riesgo inminente de daño que justifique su otorgamiento, lo cual no se encuentra en el caso. Por todo ello, la Cámara rechaza la apelación y confirma la resolución que denegó la medida cautelar, con costas en el orden causado.