B., P. O. Y OTROS S/USURPACION PROPIEDAD (IPP 03-01-3634-22) J.G.N°5
La Cámara de Dolores confirmó la resolución que rechazó la medida cautelar de restitución solicitada por la parte actora, argumentando que no se acreditó la posesión ni el derecho invocado, considerando que la fundamentación del juez de primera instancia fue suficiente y ajustada a derecho. La apelación fue considerada arbitraria por falta de fundamentación y se rechazó, manteniendo la decisión inicial.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La señora María Josefina Rodríguez, en calidad de particular damnificada, interpuso recurso de apelación contra la resolución del 13 de marzo del 2024 del juez de garantías, que resolvió no hacer lugar a su solicitud de medida cautelar de restitución del inmueble usurpado. La recurrente argumentó que la propiedad está en cabeza de la sociedad que administra y que su esposo, Martín Larralde, ejercía actos posesorios y de dominio, acreditados por documentación y pagos de impuestos. Además, sostuvo que la ocupación por parte de los imputados fue mediante engaño y que la ocupación ilegal afectaba su posesión y actividades económicas. La Cámara de Dolores, tras analizar los argumentos y las constancias del expediente, consideró que la resolución de primera instancia estaba suficientemente fundamentada y que no existían elementos que demostraran la posesión o derecho suficiente de la actora, además de que la argumentación del juez no incurrió en arbitrariedad ni en error manifiesto. El tribunal concluyó que el recurso de apelación no debía prosperar y que la resolución impugnada debía ser confirmada, rechazando la pretensión de la parte actora.
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