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DAGLIO CARLOS ALBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia que hizo lugar a la demanda de Carlos Alberto Daglio contra la ANSES, respecto a la actualización del haber inicial y otros aspectos previsionales, rechazando los agravios de las partes y ratificando la aplicación del índice de salarios y la constitucionalidad de la legislación vigente.

Recurso de apelacion Constitucionalidad Anses Prescripcion bienal Pbu Indice de salarios Camara federal de la seguridad social Actualizacion previsional Ley 26.417 Ley 24.241


- Quién demanda: Carlos Alberto Daglio

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajustes en la actualización del haber inicial, aplicación de ciertos índices y la procedencia de la Prestación Básica Universal (PBU)

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la decisión de grado en la que se hizo lugar a la demanda, manteniendo la aplicación del índice de salarios básicos más convenio de la industria y construcción, y rechazando la aplicación del DNU 807/16 y la Resolución ANSES 56/2018, por contradecir la legislación vigente. Además, diferió el tratamiento de la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 24.241 para la etapa de ejecución, y confirmó la prescripción bienal en relación a las sumas reclamadas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara remite a la doctrina de la Corte Suprema en autos “Elliff Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” y “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ Reajustes Varios”, que ratificaron la aplicación del índice de salarios básicos sin limitación temporal. La actualización de remuneraciones para el cálculo del haber inicial se realizó conforme a esa doctrina, y se rechazaron los agravios relacionados con el método de actualización, la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 24.241, la aplicación del PBU en relación con beneficios adquiridos con posterioridad a la sanción de la Ley 26.417, y la prescripción de las sumas reclamadas. La sentencia fue confirmada en todos sus términos, con costas de alzada a cargo de la parte demandada y regulación de honorarios en un 30% de lo que se fije en primera instancia.

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