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GRANERO, RAFAEL ALBERTO c/ GALENO ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó la sentencia de primera instancia respecto a la aplicación de intereses y accesorios en un caso de accidente laboral, ajustando la condena a criterios constitucionales y económicos, en línea con fallos de la Corte Suprema que cuestionan la constitucionalidad de las tasas y métodos de actualización.

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¿Quién es el actor?

Rafael Alberto Granero

¿A quién se demanda?

Galeno ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por accidente laboral, ajustes en intereses y actualización del capital diferido.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a la aplicación de intereses y accesorios, estableciendo que la tasa de interés debe ajustarse a parámetros constitucionales y económicos, y aplicando una reducción del 20% sobre el monto liquidado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Sala consideró que la aplicación de tasas de interés y pautas de ajuste basadas en Actas CNAT 2783, 2764, y otros, resultaba en un resultado manifiestamente desproporcionado y contrario a la realidad económica y constitucional. La Corte Suprema en fallos “Lacuadra” y “Oliva” cuestionó la legalidad de los índices y tasas utilizados, señalando que la tasa de interés debe reflejar el costo del dinero y no ser una herramienta de confiscación. La Sala sostuvo que la normativa legal que prohíbe la actualización de créditos laborales es inconstitucional, por lo que la decisión debe ajustarse a parámetros que protejan el poder adquisitivo del crédito laboral y alimentario, en línea con la realidad inflacionaria. Se aplicó una reducción del 20% en el monto liquidado, en virtud de las facultades del art. 771 del CCyCN y doctrinas jurisprudenciales, para evitar desproporciones y licuación del crédito. La decisión respeta las directrices constitucionales y la jurisprudencia del Máximo Tribunal, ajustando los intereses a criterios razonables y constitucionales, y rechazando la constitucionalidad de las normas que impiden actualizar los créditos laborales.

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