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VALLEJOS, OSCAR ARIEL c/ CORRIENTES 1864 S.A. Y OTROS s/DESPIDO

Sentencia que condena a la empresa y a sus responsables solidarios por despido y otros rubros laborales, confirmando la procedencia de la demanda y rechazando la responsabilidad de algunos codemandados, además de declarar la inconstitucionalidad de normas y aplicar actualización monetaria.

Actualizacion monetaria Inconstitucionalidad Responsabilidad solidaria Responsabilidad de socios Indemnizaciones Despido indirecto Derechos laborales Relaciones laborales Ley 24.013 Diferencias salariales.


- Quién demanda: OSCAR ARIEL VALLEJOS

¿A quién se demanda?

CORRIENTES 1864 S.A., MARCELO LOPEZ CALVO y MARIO IGLESIAS

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de sumas adeudadas por salarios, indemnizaciones, diferencias salariales, adicionales no abonados, y otros conceptos laborales, por despido indirecto y otros rubros, por un monto total de $774.349,24.

¿Qué se resolvió?

La demanda prosperó en parte, condenando a la empresa y responsable solidario a pagar dicha suma, con actualización e intereses, y rechazando la responsabilidad de Mario Iglesias por falta de prueba. Además, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 84 del Decreto 70/23 y se aplicaron intereses desde la exigibilidad, con actualización monetaria según el índice IPC.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se concluyó que la relación laboral no registrada, la falta de pago de beneficios y sumas adeudadas, y el incumplimiento de la registración, justifican el despido indirecto y la procedencia de las indemnizaciones. La prueba documental, especialmente la pericia contable, confirmó que el actor percibía $430 diarios, y la falta de registros en libros legales permitió presumir que la remuneración real era mayor, por lo que se consideraron diferencias salariales por $54.533. La responsabilidad solidaria de los codemandados se fundamentó en su calidad de socios y controlantes, y en la conducta irregular de no registrar la relación laboral. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 84 del Decreto 70/23 se basó en que viola la Constitución Nacional, en particular el artículo 99 inciso 3, por afectar derechos constitucionales en un contexto de inflación y actualización monetaria, que la normativa prohibía. Se establecieron los intereses con una tasa del 6% anual, y se regularon honorarios profesionales. La condena fue fundada en la vulneración de la ley laboral y en la necesidad de garantizar la protección efectiva del trabajador.

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