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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RABAGO, LUCAS GERMAN Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR, ESTAFA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO C, FALSIFICAC.ALTERAC.O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO, ASOCIACION ILICITA, COHECHO PASIVO, COHECHO ACTIVO y EXACCIONES ILEGALES AGRAVADAS DENUNCIANTE: QUINTEROS BOLIVAR, JOSÉ ALEJANDRO

La Cámara Federal de San Martín resolvió la disposición de efectos secuestrados en la causa penal contra varios imputados, ordenando su destrucción, entrega a organismos públicos o devolución a los interesados, en función de las circunstancias y conforme a la ley 20.785. La decisión se fundamenta en la normativa aplicable y la situación procesal, incluyendo la ley 20.785 y el reglamento de efectos secuestrados.

Recurso de apelacion Bienes muebles Restitucion Bienes registrables Bienes no registrables Destruccion Decisiones judiciales Efectos secuestrados Procedimiento penal Ley 20.785

¿Qué se resolvió en el fallo?

La Cámara Federal de San Martín, en la causa FSM 4965/2021/TO1, abordó la situación de diversos efectos secuestrados en la causa penal contra los imputados Ricardo del Jesús Alderete Espinoza, Alberto Ariel Sánchez, Javier Choque, entre otros. La decisión se fundamenta en la normativa vigente, en particular la ley 20.785, y en los acuerdos de juicio abreviado que llevaron a la condena de los imputados. La Cámara dispuso la destrucción de las chapas patentes apócrifas, la entrega a organismos públicos de bienes como teléfonos celulares y cédulas mercosur, y la devolución a los titulares registrales de vehículos y motocicletas si manifiestan interés en su restitución. Además, se resolvió que, en caso de no ser reclamados en el plazo de seis meses, los bienes serán entregados a instituciones públicas o se procederá a su destrucción, todo en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. La decisión también consideró el estado de los bienes, la normativa del reglamento de efectos secuestrados y la ley 20.785, frente a la derogación del DNU 575/2025. La resolución refleja un análisis exhaustivo de la situación, priorizando la legalidad, la protección de derechos y el interés público.

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