VERON CESAR MARCELO C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PBA Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La Cámara de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la sentencia que reconoció el derecho del actor a que se liquide una bonificación por antigüedad del 3%, argumentando que las leyes y decretos impugnados vulneraron derechos constitucionales y principios de progresividad y igualdad. La decisión se fundamentó en que las modificaciones normativas implicaron una disminución salarial que viola dichos derechos.
- Quién demanda: Cesar Marcelo Veron
¿A quién se demanda?
Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento del derecho a la liquidación de la bonificación por antigüedad del 3% respecto de todos los años de servicios, incluyendo sumas retroactivas y sus intereses, cuestionando la constitucionalidad de leyes y decretos que redujeron dicho porcentaje.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho del actor a percibir el 3% de bonificación por antigüedad, declarando la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y del decreto 240/96, y ordenando el pago retroactivo con intereses. La sentencia fundamentó que las normativas impugnadas implicaron una reducción de haberes y que dicha reducción viola principios constitucionales de igualdad y progresividad, además de la protección del derecho adquirido. La defensa de la demandada fue desestimada en su alegato de prescripción y en la argumentación de que las modificaciones no implicaban una vulneración constitucional. La sentencia también rechazó la excepción de prescripción total y ordenó a la demandada el pago de las sumas adeudadas, con intereses a tasa del 6% anual y tasas pasivas, y el pago de costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sentencia analizó las leyes 11.739 (1996), 11.905 (1997), y las leyes posteriores, así como el decreto 240/96, concluyendo que las mismas implicaron una disminución en el porcentaje de bonificación por antigüedad, afectando derechos adquiridos y violando el principio de progresividad y la igualdad constitucional. Se sostuvo que dichas modificaciones no fueron temporarias ni excepcionales, sino prolongadas en el tiempo, constituyendo un retroceso que no puede justificarse por razones de emergencia o de orden económico. Se citó la jurisprudencia de la CSJN y la SCBA, incluyendo fallos sobre reducción salarial y principios de no regresividad. Además, se consideró que la normativa que excluyó a los magistrados de dichas reducciones fue legítima, pero que la extensión del beneficio
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