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FERNANDEZ, VICTORIA c/ S.P.F. s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

La Cámara Federal de Resistencia confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia que reconoció retroactivos laborales y liquidaciones de haberes, pero modificó aspectos relativos a la interpretación de normas salariales y derogaciones, sosteniendo que la modificación del régimen salarial del personal penitenciario viola la equiparación prevista por la ley y la constitucionalidad de la política salarial del Estado. La decisión destacó que la modificación de porcentajes y suplementos sin sustento razonable y en violación del marco legal y constitucional resulta arbitraria, además de que la modificación del porcentaje del SAS y Título Académico afecta la equiparación salarial entre el SPF y la PFA, lo que constituye una vulneración del art. 95 de la Ley N° 20.416 y el control constitucional de las normas.

Arbitrariedad Recursos de apelacion Derechos constitucionales Derechos laborales Equiparacion salarial Modificacion normativa Retroactivos Politica salarial Autoridad administrativa Derogacion de normas


- Quién demanda: Victoria Fernández

¿A quién se demanda?

Servicio Penitenciario Federal (SPF) y Estado Nacional

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de modificaciones en la liquidación de haberes, reconocimiento de derechos adquiridos y protección constitucional de derechos alimentarios y laborales.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, rechazando los agravios del demandado respecto a la modificación del régimen salarial y la equiparación salarial, y estableció que la reducción de porcentajes y suplementos sin sustento legal viola derechos constitucionales y la normativa aplicable.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se argumentó que la modificación del porcentaje del SAS y Título Académico, sin base legal ni justificación razonable, altera la equiparación salarial prevista en la ley y la Constitución, constituyendo una arbitrariedad. La modificación por decreto y resolución, sin la intervención del Congreso, vulnera el marco de competencia del Poder Legislativo. La jurisprudencia de la CSJN reafirma que las modificaciones en la política salarial deben respetar la ley y los derechos adquiridos. La sentencia también señala que la potestad del Poder Ejecutivo en materia salarial debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales, y que la reducción del porcentaje del SAS y Título Académico sin justificación adecuada genera un perjuicio económico y viola derechos constitucionales de los agentes penitenciarios, además de afectar la igualdad y la equiparación salarial.

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