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RUSSO, MIGUEL ALFREDO c/ MEDICUS SA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

La Cámara Federal de San Martín modificó parcialmente la sentencia y confirmó la orden de mantener la afiliación del actor a Medicus S.A. en las mismas condiciones previas, resaltando la obligación de la obra social de garantizar el derecho a la salud y la continuidad de la cobertura médica tras la jubilación.

Obra social Medicina prepaga Derecho a la salud Derechos constitucionales Jubilacion Cobertura medica Continuidad afiliatoria Ley 26.682 Amparo ley Proteccion de la vida.


¿Quién es el actor?

Miguel Alfredo Russo

¿A quién se demanda?

Medicus S.A. y OS DIPP
- Objeto de la demanda: Mantener la afiliación y cobertura médica en las mismas condiciones previas a la obtención del beneficio jubilatorio
- Decisión del tribunal: La Cámara hizo lugar en parte a la apelación, confirmando la sentencia de primera instancia que ordenaba a las demandadas la reafiliación en iguales condiciones y garantizaba la cobertura médica

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La protección del derecho a la salud y la vida, derechos constitucionales y en tratados internacionales, con énfasis en la obligación impostergable de garantizar el acceso a la salud (art. 14 y 33 CN, Pactos Internacionales). La ley 26.682 y la resolución 163/2018 SSS establecen el derecho del afiliado a mantener su antigüedad y condiciones en la continuidad de la cobertura tras el cese laboral o cambio en la condición de afiliado, sin exigir pago diferencial por preexistencias. La jurisprudencia ha confirmado que la continuidad en la afiliación y la cobertura médica en estos casos es un derecho constitucional y legal, y que la negativa de las demandadas vulnera derechos fundamentales. La obligación de las obras sociales y prepagas de garantizar la cobertura sin limitaciones temporales ni presupuestarias, especialmente en el contexto de salud y vida del afiliado. La sentencia de primera instancia y la apelación resaltan que la negativa de la demandada a mantener la afiliación en las condiciones previas viola derechos constitucionales y pactos internacionales, y que la protección de la salud debe prevalecer sobre las cuestiones administrativas o económicas.

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