ANDERSEN, MIRTA ALICIA c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó parcialmente la sentencia en autos de impugnación de acto administrativo previsional, declarando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para 2022 y 2023 y ordenando la actualización de haberes basada en el IPC.
¿Quién es el actor?
Mirta Alicia Andersen
¿A quién se demanda?
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
- Reclamó el reconocimiento de la movilidad en su haber jubilatorio y la declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos que limitaron dicha movilidad.
- La Cámara modificó la sentencia de grado, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para los años 2022 y 2023, y ordenó la actualización de su haber previsional en función del IPC, considerando la ineficacia de las fórmulas anteriores por la escalada inflacionaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Constitución Nacional en su art. 14 bis establece que ‘El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable’ y que ‘las jubilaciones y pensiones serán móviles’." "La fórmula de movilidad prevista por la ley 27.609 resulta constitucional, ya que las variables elegidas (IPC y RIPTE) son razonables y no irrazonables ni desproporcionadas, en relación con el control de constitucionalidad y la razonabilidad del método legislativo." "La inflación de 2022 y 2023 hizo que las fórmulas previas fueran ineficaces, causando una pérdida del poder adquisitivo, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 en esos años y aplicar una fórmula basada en el IPC." "Se ordena a la administración que actualice el haber de la actora en función del IPC, en los meses correspondientes, desde diciembre 2020 en adelante, garantizando que el monto no sea inferior al que se hubiese liquidado en caso de aplicar la ley 27.426." "Las prácticas estatales de otorgar subsidios y bonos extraordinarios evidencian la insuficiencia de las fórmulas de movilidad en los años 2022 y 2023." "La declaración de inconstitucionalidad se fundamenta en que las fórmulas no lograron cumplir con la garantía constitucional de movilidad, y la solución adecuada es la actualización basada en el IPC, que refleja la pérdida del valor de la moneda."
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