CORVALAN, ERMINDA EREDIA c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó la sentencia de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de la ley 27.609 para los años 2022 y 2023, y ordenó la actualización de los haberes previsionales de la actora en función del IPC, confirmando la constitucionalidad de las otras normas cuestionadas y modificando en consecuencia las decisiones previas.
- Quién demanda: Erminda Eredia Corvalan (actora)
¿A quién se demanda?
ANSES (demandada)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reintegro de diferencias en la movilidad previsional, actualización del haber en base al IPC, declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos que modificaron la fórmula de movilidad.
¿Qué se resolvió?
La Cámara modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para 2022 y 2023, ordenando la actualización del haber previsional con base en el IPC, y rechazó la inconstitucionalidad de la ley 27.426. Además, dispuso la integración del haber en diciembre de 2020 con la diferencia correspondiente y declaró la constitucionalidad de la ley 27.426.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El art. 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la movilidad jubilatoria como un derecho constitucional, pero no establece un sistema o mecanismo específico. La ley 27.609, que estableció un mecanismo de movilidad basado en variables económicas, fue considerada razonable y dentro de los límites constitucionales, ya que pondera variables que reflejan el estado de los salarios y los recursos del Estado, en línea con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para 2022 y 2023 se fundamenta en que, ante el shock inflacionario y la ausencia de referencia a los precios, la fórmula se tornó ineficaz en mantener el poder adquisitivo, violando el principio de progresividad y los derechos constitucionales. La solución propuesta es ajustar los haberes con base en el IPC, que refleja la variación de precios, garantizando así la protección de la subsistencia y derechos sociales de los beneficiarios."
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