MARINOZZI, JOSE LUIS c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la constitucionalidad de la ley 27.609 y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, ordenando la actualización de haberes previsionales en función del IPC y declarando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para 2022 y 2023, en respuesta a la insuficiencia de las fórmulas previas en contextos inflacionarios.
Impugnación de acto administrativo por ajuste en jubilación y reclamo de movilidad previsional
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirma la constitucionalidad de la ley 27.609 en general, pero declara inconstitucional su art. 1 para 2022 y 2023 y ordena la actualización del haber según el IPC, además de modificar la sentencia de primera instancia y ordenar la integración del pago diferido.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sentencia sostiene que la ley 27.609, aprobada por el Congreso, cumple con los estándares constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de la movilidad jubilatoria, y que la responsabilidad de definir el método corresponde al Legislativo. Sin embargo, debido a la crisis inflacionaria en 2022 y 2023 y la ineficacia de las fórmulas previas, se declaró su inconstitucionalidad por violar el principio de progresividad y el derecho a una movilidad adecuada, ordenando la aplicación del IPC para compensar la pérdida del poder adquisitivo. La sentencia destaca que la ineficacia de las fórmulas previas no implica un desconocimiento del marco constitucional, sino que evidencia la necesidad de ajustar las mecanismos en contextos económicos excepcionales, respetando los límites de razonabilidad y la autonomía legislativa.
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