D.D.J. CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO RESP. MEDICA)

- La demanda fue promovida por DDJ, en nombre propio y en representación de su hija menor L., reclamando daños por caída en la vía pública.
- Los padres de la menor desistieron de la acción por dificultades familiares y económicas, lo que fue aceptado por la jueza de primera instancia.
- El Asesor Tutelar interpuso recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la resolución lesionaba derechos constitucionales, incluyendo la participación y opinión de la menor, así como el interés superior del niño.
- La mayoría del Tribunal sostuvo que el recurso fue mal concedido porque no se dirigía contra una sentencia emanada del superior tribunal de la causa, sino contra una resolución interlocutoria o de instancia. Además, argumentaron que la decisión de los padres, basada en su responsabilidad parental, era conforme a la normativa vigente y que la intervención del Ministerio Público Tutelar debía ser complementaria, no principal, en estos casos.
- Sin embargo, la minoría, representada por Alicia E. C. Ruiz, consideró que la resolución vulneraba derechos constitucionales de la menor, en particular su derecho a ser oída, el interés superior del niño, y la protección de sus derechos en el marco del sistema internacional de derechos humanos. La jueza Ruiz argumentó que la decisión, sin escuchar a L. y sin considerar su opinión, vulneraba también su derecho a la participación y a la protección integral, por lo que debía revocarse la resolución y continuarse el proceso con la intervención principal del órgano tutelar. Fundamentos principales: El Tribunal remarcó que el interés superior del niño y el derecho a ser oído son principios rectores en la protección de derechos de NNyA, y que la omisión de escuchar a L. en un proceso que le afecta directamente vulnera estos derechos. También recordó que la responsabilidad parental no puede limitar el ejercicio de estos derechos, y que la intervención del Ministerio Público Tutelar debe ser prioritaria cuando hay conflicto de intereses o vulneración de derechos del menor. La sentencia cuestionada no realizó un análisis integral del interés superior ni ponderó adecuadamente la voluntad de la menor, dejando en evidencia una interpretación reducida y adultocéntrica de la responsabilidad parental. La resolución, en su línea, omitió aplicar los principios de protección integral y participación activa de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los afectan, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales y constitucionales.