ATA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ATA CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - HABITACIONALES

- Quién demanda: ATA en representación de sus hijos menores de edad.

¿A quién se demanda?

GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La protección del derecho a una vivienda adecuada, incluyendo la inclusión en programas de asistencia habitacional y el pago de deuda de alquiler, mediante una acción de amparo y medidas cautelares.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones modificó la cautelar y limitó el monto del subsidio, revocando además la orden de pago de la deuda de alquiler. La Sala Superior rechazó la queja y confirmó que la resolución no es susceptible de recurso de inconstitucionalidad por no ser sentencia definitiva, pero en atención a la vulnerabilidad y la situación de calle de la actora, se revocó la decisión que limitaba el subsidio y se dejó sin efecto la revocación de la orden de pago de la deuda.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La resolución impugnada no cumple con el carácter de sentencia definitiva, por lo que no es susceptible de recurso de inconstitucionalidad, en línea con doctrina consolidada (Fallos 287:237, 298:84). La decisión de limitar el monto del subsidio vulnera el derecho a vivienda digna, pues la reducción implica que la actora, en situación de vulnerabilidad, podría quedar en situación de calle, lo cual constituye un perjuicio irreparable y viola principios constitucionales y derechos humanos. La situación de pandemia por COVID-19 pone en evidencia la importancia del acceso a una vivienda adecuada para la protección de la vida y la salud, reforzando la necesidad de garantizar derechos sociales básicos en contextos de vulnerabilidad. La resolución que limita el subsidio y revoca la orden de pago de la deuda de alquiler no puede considerarse como una decisión definitiva, y su modificación en favor de la protección integral del derecho a vivienda resulta procedente. La protección del derecho a la vivienda, en el contexto de vulnerabilidad social y en el marco del derecho constitucional y tratados internacionales, requiere de una interpretación que priorice la tutela efectiva y la protección de derechos fundamentales.