ACUÑA, MARIA SOLEDAD s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en BARREYRO, EDUARDO DANIEL CONTRA GCBA SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Actor: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) Demandado: La Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en el marco de una decisión sobre un amparo y la consiguiente queja por recurso de inconstitucionalidad denegado) Qué se reclama: La aceptación del recurso de inconstitucionalidad y la revisión de la decisión de la Cámara que confirmó la rechazo del mismo, en relación a la asignación de un subsidio habitacional a un grupo familiar en situación de vulnerabilidad social. Qué se resolvió: La Sala Superior confirmó el rechazo de la queja por inadecuada fundamentación y falta de caso constitucional, sosteniendo que la crítica del GCBA no conecta con las razones del fallo y que la sentencia recurrida está suficientemente fundamentada. La decisión se basa en que la denuncia de arbitrariedad o vulneración constitucional carece de sustento, y que la decisión judicial se ajusta a la ley y doctrina constitucional. Fundamentos principales: "La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma —art. 32 de la ley 402— no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113 inc. 3 de la CCABA y 26 de la ley 402). Entiendo aplicable mutatis mutandis la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados —conf. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros—. En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad." "Finalmente, la referencia a la doctrina de la “gravedad institucional” invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional —conf. Fallos 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas." "Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible,