GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN C. M. L. D. Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTROS SUBSIDIOS

- Quién demanda: El asesor tutelar en representación de las familias CMLD y KDG, y otros actores en situación de vulnerabilidad social.
- A quién se demanda: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
- Qué se reclama: La adopción de medidas para garantizar acceso a alimentación, productos de higiene, artículos de limpieza y un subsidio habitacional durante y después del período de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).
- Qué se resolvió: La Cámara extendió la alcance de las obligaciones del GCBA más allá de lo que establece la ley 4036, lo cual fue considerado un apartamiento de la normativa y una decisión infundada. Se revocó parcialmente la sentencia y se ordenó que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento. Fundamentos: La jueza Marcela De Langhe argumentó que la extensión del subsidio y la protección alimentaria más allá del ASPO no encuentra respaldo en la ley 4036 ni en la normativa vigente, ya que la ley no contempla la obligación de brindar alojamiento a todas las personas en situación de vulnerabilidad más allá de los grupos específicamente previstos (adultos mayores en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad). La extensión otorgada por la Cámara constituye un apartamiento manifiesto de la solución normativa prevista, ya que se extiende la obligación legal a supuestos no previstos en la ley, una vez finalizada la situación de emergencia sanitaria. La interpretación de la Cámara respecto del alcance temporal del apoyo alimentario y del subsidio habitacional no se ajusta a la normativa vigente, en particular a la ley 4036 y a las leyes complementarias. La decisión de la Cámara se apartó injustificadamente de la letra de la ley, configurando un acto jurisdiccional infundado. La interpretación sobre la extensión del alcance del subsidio más allá del ASPO no resulta compatible con el marco normativo, que establece un cumplimiento progresivo y prioriza ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, pero no impone una obligación de cobertura total en todos los casos. La sentencia fue revisada y se determinó que debe dictarse un nuevo fallo en la Cámara, ponderando fundadamente las constancias de la causa conforme a la normativa vigente.