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Calvete, Miguel Angel s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO (CRIMINAL Y CORRECCIONAL) en CALVETE, MIGUEL ANGEL S/ LEGAJO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. N° 49450/2015/TO1/17)

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eleva la disputa de competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un conflicto entre este Tribunal y la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La resolución busca definir la jurisdicción en recursos de inconstitucionalidad contra decisiones de instancias nacionales.

Competencia de la corte suprema Conflicto negativo de competencia Recurso de inconstitucionalidad Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Elevacion de las actuaciones Tsj / cam. nac. cas. crim. y corr.

Quienes representan a Miguel Ángel Calvete y Ramiro Martín Rius presentaron quejas contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que rechazó recursos de inconstitucionalidad y confirmó una condena de 4 años de prisión por facilitación del ejercicio de la prostitución, manteniendo la libertad condicional. Los recurrentes argumentaron que la competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar estos recursos está respaldada por precedentes como “Nisman”, “Corrales” y “Bazán”, y que la legislación local y la jurisprudencia nacional le confieren esa competencia, además de cuestionar la constitucionalidad de la escala penal y otros principios constitucionales. La Sala I de la Cámara consideró los recursos manifiestamente improcedentes, basándose en que la normativa y la jurisprudencia establecen que el TSJ no tiene competencia para revisar decisiones de la Cámara Nacional de Casación en estos temas. El Tribunal Superior de Justicia, en la sentencia, recordó que en la causa “Levinas” se afirmó su competencia en recursos de inconstitucionalidad contra resoluciones de tribunales nacionales, y que la posición de la Cámara en este caso contraviene esa jurisprudencia. La jueza Weinberg propuso elevar directamente las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la controversia de competencia, y que por el momento no se emita pronunciamiento sobre la suspensión del proceso. La decisión busca evitar nulidades procesales y garantizar la seguridad jurídica por la disputa sobre la competencia jurisdiccional.

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