GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en BECCIA SILVIA SUSANA Y OTROS CONTRA GCBA POR EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

Actor: GJR, en representación de sus hijos menores de edad, promovió acción de amparo contra el GCBA para obtener una solución habitacional. La primera instancia admitió la demanda y ordenó otorgar el subsidio previsto en el decreto 148/GCBA/2021, con adecuaciones del art. 8 de la ley 4036. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario modificó parcialmente la sentencia, excluyendo a JAAA del beneficio por ser mayor de edad y no acreditar impedimentos relevantes, lo que fue cuestionado mediante recursos de inconstitucionalidad. Los jueces del tribunal superior de justicia revocaron dichas decisiones, sosteniendo que la exclusión basada solo en la mayoría de edad y la falta de discapacidad vulnera principios constitucionales de igualdad y protección de la familia. La sentencia fundamenta que la ley 663 del Código Civil y Comercial de la Nación protege a los mayores de edad que se capacitan, y que la omisión del GCBA en proveer soluciones habitacionales a jóvenes en formación constituye una regresividad en el ejercicio del derecho a la vivienda. Además, se afirma que la exclusión de JAAA vulnera el principio de igualdad, la unidad familiar y la tutela judicial efectiva. La decisión ordena que el GCBA garantice al grupo familiar una solución habitacional adecuada, en línea con la Observación General 4 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Cámara del fuero fue criticada por no reconocer la vulnerabilidad del joven en formación, lo que fue considerado discriminatorio y violatorio de derechos constitucionales. Los jueces argumentan que la carga de demostrar la imposibilidad de acceder a la vivienda recae en el Estado, y que la omisión del GCBA en adoptar medidas progresivas viola la obligación constitucional de garantizar este derecho. La sentencia destaca que la interpretación restrictiva del derecho a la vivienda atenta contra principios de igualdad y no discriminación, y que la protección de los derechos sociales requiere un análisis sistémico y progresivo.