GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN FARMCITY S.A. CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

- La actora, María Teresa Armas, demandó al GCBA por el cese administrativo en su cargo en la Escuela Normal Superior nº 6, alegando nulidad del acto por defectos en competencia y requisitos, vulneración del derecho a la estabilidad y daños por daño moral.
- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, reconoció la nulidad del acto y condenó a indemnizar por daño moral y daño material en un porcentaje de la remuneración, además de rechazar salarios caídos.
- La Cámara de apelaciones amplió la indemnización, reconociendo un resarcimiento integral del 70% de la remuneración y revocó parcialmente la sentencia, pero la parte demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad alegando arbitrariedad y falta de fundamentación.
- La Cámara Superior analizó si la resolución impugnada cumplía con los requisitos constitucionales y si la indemnización reconocida respetaba los principios de razonabilidad y precisión en la identificación de daños, concluyendo que la sentencia no discriminaba claramente los rubros indemnizatorios y que la reparación integral otorgada omitía un análisis diferenciando cada daño, lo cual vulneraba el derecho a la defensa.
- La Cámara Superior rechazó los argumentos del GCBA, consideró que la sentencia de la Cámara de apelaciones no cumplía con los estándares de fundamentación adecuados y que la indemnización global sin desglose impedía el control constitucional. En consecuencia, hizo lugar a la queja, dejó sin efecto la sentencia recurrida y ordenó la devolución de las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento con fundamentación adecuada.
- La mayoría del tribunal resaltó que los agravios del GCBA remitían a cuestiones de hecho y prueba, no siendo aptos para plantear una cuestión constitucional, y que la queja debía contener una crítica desarrollada y fundada, lo cual no ocurrió en este caso.
- La disidente, en cambio, sostuvo que la queja no lograba demostrar la arbitrariedad ni la vulneración constitucional alegada y que la sentencia apelada había sido fundada.
- En conclusión, el tribunal admitió la queja, dejó sin efecto la sentencia de la Cámara apelante y ordenó la emisión de un nuevo fallo, con costas por su orden.