INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS LAREU, DAMIAN ALFREDO SOBRE 89 - LESIONES LEVES

El actor demandante fue la denunciante, Daisy Inés Medina Julca, y el demandado fue Román Mariño y otros, en relación con amenazas, amenazas coactivas y despojo de inmuebles. La causa se originó por hechos ocurridos entre el 18 y 20 de febrero de 2021 en el asentamiento “La Carbonilla”, donde la víctima sufrió amenazas con armas, despojo de pertenencias y acciones intimidatorias. La justicia local (Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15) se declaró incompetente y remitió la causa a la justicia nacional, que tomó intervención y realizó diligencias, incluyendo declaración indagatoria a Giomar Mariño Farfán. Posteriormente, la fiscalía reformuló la imputación y atribuyó a Medina Julca y Mariño despojo de inmuebles, descartando su participación en amenazas y robo. La justicia nacional, en análisis de conexidad y eficiencia procesal, solicitó que la competencia sea atribuida al juzgado federal, argumentando que los hechos están vinculados y que la continuación en la justicia local sería ineficiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Superior de Justicia coincidieron en que la contienda debía resolverse en la justicia nacional, considerando la vinculación de los hechos, la continuidad de la investigación y la protección de la economía procesal. La jueza Ruiz expresó que, si bien la decisión de la Corte Suprema en “Bazán” es importante, en este caso corresponde seguir la línea mayoritaria y atribuir competencia al juzgado nacional. El voto del juez Lozano también apoyó esta decisión, destacando la vinculación de los hechos y la continuidad de la pesquisa en el fuero nacional.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se argumentó que la vinculación entre los hechos de amenazas y robo justifica la competencia del juzgado nacional, en línea con las directivas del precedente “Bazán” (Fallos: 342:509). Se resaltó que la investigación en curso en la justicia nacional, con diligencias y declaración indagatoria, mantiene la continuidad y eficiencia del proceso, evitando duplicidad y fragmentación. La decisión se fundamentó también en la necesidad de una administración de justicia eficiente, con base en la conexidad entre los hechos, y en la jurisprudencia que señala que la competencia debe mantenerse en un mismo tribunal cuando los hechos están vinculados y afectan a la misma víctima y victimario. La jueza Ruiz, en su voto, subrayó que la atribución de competencia se justifica por la vinculación de los hechos y la intervención ya desplegada por la justicia nacional, conforme a las directrices