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INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS A DETERMINAR, NN SOBRE 172 - ESTAFA

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires concede el recurso extraordinario federal contra la resolución que rechazó la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y el artículo 56 bis de la ley n° 24.660, por afectar principios constitucionales en materia de libertad condicional y igualdad.

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- Quién demanda: La Defensora General y la Defensora General Adjunta en representación de los recurrentes.

¿A quién se demanda?

La resolución del Tribunal del 29 de marzo de 2023 que confirmó la denegación de la libertad condicional y rechazó la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 10, del CP y del art. 56 bis, inc. 10, de la ley n° 24.660.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de inconstitucionalidad de esas disposiciones por considerar que restringen indebidamente el acceso a la libertad condicional a quienes hayan sido condenados por delitos de comercio de estupefacientes, en contravención de principios constitucionales como igualdad, resocialización y razonabilidad, afectando también el régimen de ejecución de la pena.

¿Qué se resolvió?

Se concede el recurso extraordinario federal y se remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución impugnada fue considerada como una resolución equiparable a sentencia definitiva que vulnera derechos constitucionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“El recurso plantea una cuestión federal compleja, relacionada con la constitucionalidad del art. 14, inc. 10, del CP y del art. 56 bis, inc. 10, de la ley n° 24.660, en relación con el derecho a la libertad condicional para condenados por comercio de estupefacientes. La evaluación de la constitucionalidad de dichas normas requiere analizar si la exclusión de ciertos condenados del beneficio de la libertad condicional viola principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la finalidad resocializadora de la pena. La decisión de la resolución recurrida, al mantener la exclusión, limita derechos constitucionales y afecta el régimen de ejecución de la pena, justificando su revisión por esta vía federal, en consonancia con la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de las restricciones a derechos en el marco del sistema penal.”

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