GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO EN CASTRO, JULIO CESAR Y OTROS CONTRA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - GENERICO
La sentencia regula los honorarios de la abogada María Silvina Marengo por contestar el recurso de inconstitucionalidad denegado en instancia. La mayoría del tribunal fija los honorarios en $652.380, considerando la complejidad y proporción del trabajo, y la regulación previa de la Cámara.
- Quién demanda: Gisela Romina Lanata y otros (parte actora).
¿A quién se demanda?
GCBA.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Regulación de honorarios por la labor en la contestación del recurso de inconstitucionalidad y otros incidentes procesales.
¿Qué se resolvió?
Se regula el pago total de honorarios en $652.380, con adición de IVA si correspondiere, considerando las etapas procesales y la normativa arancelaria local.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal analizó la normativa de honorarios, en particular los arts. 30 y 31 de la ley 5134, que establecen que las regulaciones en segunda o ulterior instancia oscilan entre el 30% y 40% de la suma fijada en primera instancia, y la necesidad de respetar el mínimo de 20 UMA para recursos ante el tribunal superior. La sentencia de la Cámara reguló los honorarios en $280.100, a los que se les sumó la regulación por contestación de recurso, que el tribunal consideró apropiada en $28.280, equivalente al 35% del monto regulado por la Cámara para la etapa posterior a la sentencia. Los jueces explicaron que el art. 31 de la ley 5134 no resulta aplicable en este caso, ya que ese mínimo regulatorio se refiere a la intervención en recursos ante el tribunal superior o corte suprema, no a todas las presentaciones en un proceso. Además, enfatizaron que la ley y la práctica judicial favorecen una única regulación por cada instancia, para garantizar proporcionalidad y acceso a justicia. Los principios de proporcionalidad y razonabilidad orientan la regulación, evitando excesos que puedan dificultar el acceso a la justicia. La decisión fue mayoritaria y se fijaron los honorarios en la suma total de $652.380, más IVA si correspondiere.
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