GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en LVIJ CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

¿Quién es el actor?

Cecilia Laura Valera, abogada que cuestiona la regulación de honorarios en una ejecución fiscal del GCBA.

¿A quién se demanda?

GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Objeto de la demanda: Impugnar la reducción de honorarios profesionales regulados en primera instancia, que inicialmente ascendían a $18.498 y luego fueron reducidos a $1.700,16 por la Cámara de Apelaciones.
- Decisión del tribunal: La Cámara redujo los honorarios por considerar que la suma no reflejaba la naturaleza y monto de la acción, aplicando criterios de proporcionalidad y normativa arancelaria. La queja fue denegada, sosteniendo que la decisión no presentaba arbitrariedad ni vulneraba derechos constitucionales. La jueza Weinberg afirmó que los argumentos de la Cámara eran suficientes y que el recurso no demostraba la existencia de un caso constitucional ni arbitrariedad. La jueza Langhe agregó que la regulación cumplía con los requisitos formales y que la decisión de reducir los honorarios se justificaba con fundamentos explícitos. Los jueces Otamendi, Ruiz y Lozano concordaron en que la queja debía ser rechazada, por no demostrar la recurrente la existencia de un acto arbitrario o lesión constitucional.
- Fundamentación principal: La regulación de honorarios en causas civiles y laborales, por su carácter fáctico y procesal, es ajena al recurso de inconstitucionalidad, salvo que se demuestre una arbitrariedad manifiesta. La decisión de la Cámara, que fundamentó el monto regulado en la naturaleza del proceso, el monto de la causa y la calidad del trabajo, fue considerada adecuada y fundamentada, por lo que el recurso fue rechazado. La doctrina invocada por la recurrente, respecto a la “gravedad institucional”, no fue respaldada con fundamentos suficientes para justificar la intervención del tribunal en la valoración de hechos o decisiones de mérito.
- Fundamentación adicional: La ley arancelaria y el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación no fueron vulnerados, ya que la regulación respetó los límites máximos y mínimos establecidos y la fundamentación de la Cámara fue suficiente. La supuesta vulneración del principio de legalidad y el derecho de defensa no fue constatada, dado que la decisión se basó en argumentos sólidos y en la normativa vigente.