MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE CÁMARA OESTE DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en LAFUENTE, TOMAS AGUSTIN Y OTROS SOBRE 183 - DAÑOS Y OTROS

¿Quién es el actor?

Brian Prigoshin, a través de su defensa, en queja por la denegación del recurso de inconstitucionalidad.

¿A quién se demanda?

La decisión de la Sala de Feria que confirmó el rechazo a su oposición al traslado penitenciario dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La supuesta vulneración de derechos constitucionales por el traslado a una unidad penitenciaria en Río Negro, afectando su integridad personal, vínculos familiares y derechos a la resocialización.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó la queja por la falta de configuración de vulneración constitucional, considerando que la decisión administrativa fue fundada en la necesidad y que existió control judicial suficiente, además de que el condenado recuperó la libertad condicional, haciendo abstractos los planteos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia señala que la decisión del SPF de trasladar a Prigoshin fue fundada en la necesidad de generar cupos y garantizar condiciones carcelarias, bajo el control judicial adecuado. La defensa argumentó que el traslado afectaba derechos como la integridad personal y los vínculos familiares, pero la Cámara consideró que los agravios eran conjeturales, que la decisión administrativa contaba con respaldo en la normativa y en el acuerdo entre jurisdicciones, y que el control judicial fue suficiente. Además, se destacó que el propio condenado recuperó la libertad condicional, tornando abstractos los planteos. La Corte IDH y jurisprudencia local refuerzan la protección de los derechos del interno en la ejecución de la condena, pero también que las decisiones administrativas en el marco de la ejecución deben ser controladas de manera adecuada, lo que en el caso fue realizado. La sentencia concluye que el análisis del tribunal de origen fue insuficiente en la valoración del impacto y la legalidad del traslado, por lo que se revoca la decisión y se ordena la realización de un nuevo pronunciamiento.