ASESORIA TUTELAR CAYT Nº 1 SOBRE INCIDENTE DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA - AMPARO (ART. 14 CCABA)

¿Quién es el actor?

Dock del Plata SA y Alejandro Bibiloni

¿A quién se demanda?

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (GCBA)
- Objeto de la demanda: Impugnación de la resolución que rechazó recursos jerárquicos y determinó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, además de la aplicación de multa y la consecuente devolución de sumas abonadas bajo protesta.
- Decisión del tribunal: Rechazo del recurso de inconstitucionalidad del GCBA y confirmación de la decisión de primera instancia que ordenó la devolución de las sumas abonadas, con intereses en la tasa prevista en la resolución 4151/SHyF/03.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara de Apelaciones aplicó correctamente la norma infraconstitucional (resolución 4151/SHyF/03), considerando el contexto inflacionario y la necesidad de protección del crédito ante la desvalorización monetaria. La denuncia del GCBA sobre la constitucionalidad de dicha resolución fue considerada extemporánea, ya que no fue planteada en la demanda ni en la ampliación, sino en la apelación, lo que vulnera el principio de congruencia. La interpretación de las pretensiones de la actora, incluyendo la solicitud de protección del valor real de la moneda, fue adecuada y fundada. La aplicación de la tasa de interés en el plenario “Eiben” fue considerada razonable y adecuada para resguardar el valor del importe en un contexto inflacionario. La discrepancia del GCBA con la calificación de los bienes y la interpretación del impuesto fue considerada una mera disconformidad con la decisión, sin que exista vulneración constitucional. La sentencia de la Cámara no incurrió en arbitrariedad ni violación del debido proceso. La parte actora no planteó en la demanda la inconstitucionalidad de la resolución 4151/SHyF/03, por lo que el Tribunal no puede considerarla extemporáneamente en la vía del recurso de inconstitucionalidad.
- Agravios del GCBA: La inaplicabilidad de la norma, la supuesta violación del principio de congruencia y la afectación de derechos constitucionales, que fueron rechazados por no configurarse como un caso de vulneración constitucional.