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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en JSJD Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

La queja por inconstitucionalidad promovida por la defensa oficial fue desestimada ante la extinción de la acción penal por prescripción. El tribunal concluyó que la acción penal había sido extinguida y que el planteo era abstracto.

Arbitrariedad de sentencia Alojamiento Recurso de inconstitucionalidad Subsidio habitacional Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Derecho a la vivienda digna Derivacion no razonada del derecho vigente Prioridad en el acceso a las prestaciones


- Quién demanda: El Ministerio Público
- Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Luis Alejandro Surita.

¿A quién se demanda?

La decisión de la Sala II de la Cámara respecto a la denegación del recurso de inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de grado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de inconstitucionalidad de la interpretación del art. 33 de la ley nº 402, y la nulidad de la resolución que rechazó la pedido de captura de Surita.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, considerando que no se acreditó un verdadero caso constitucional, y posteriormente, ante la extinción de la acción penal por prescripción, se resolvió dar por concluido el trámite de la queja.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La comunicación del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 23 permite tener por acreditado que, en el marco de la causa principal, la acción penal ha sido declarada extinguida, por prescripción, decisión que en la actualidad ha adquirido firmeza. En consecuencia, los planteos del Ministerio Público de la Defensa han devenido abstractos, por lo que corresponde dar por concluido el trámite del recurso de queja." Además, se destaca que la decisión de extinción por prescripción implica que las cuestiones de fondo acerca del contenido del art. 33 de la ley nº 402 pierden relevancia en el presente proceso. La Cámara consideró que la defensa no logró demostrar que su agravio conformara un caso constitucional y que la resolución recurrida no contenía errores que ameritaran una revisión en esa vía.

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