GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en MARTINEZ, JOSE ARIEL Y OTROS CONTRA INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

- Quién demanda: La Defensora General y la Defensora General Adjunta en representación de Gabriel Andrés Ramos Barreto.

¿A quién se demanda?

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que rechazó la recurso de apelación por denegación de suspensión del proceso a prueba.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró procedente la queja y el recurso de inconstitucionalidad, revocó la fallo que consideraba inadmisible la apelación y ordenó que otros jueces vuelvan a resolver la apelación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La mayoría de los jueces concluyó que la resolución que rechazó la recurso de apelación en la etapa previa a la sentencia definitiva podía ser equiparada a ésta en cuanto a su impacto en el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que debía ser susceptible de recurso de inconstitucionalidad. La Cámara afirmó que la decisión de la Sala II, al considerar que la resolución no era expresamente apelable, omitió analizar que en las circunstancias del caso la resolución generaba un agravio de imposible reparación ulterior, y que la defensa había demostrado que existía un posible caso de arbitrariedad y vulneración de derechos constitucionales. La resolución fue considerada arbitraria y vulneratoria del derecho de la defensa, por lo que correspondía su revisión en sede de queja y de inconstitucionalidad. La decisión fue respaldada por el voto del juez Lozano, quien sostuvo que la resolución impugnada precluyó la posibilidad de ejercer la derecho a solicitar la suspensión del proceso a prueba, y que ello constituía un agravio irreparable. La juez Weinberg, en disidencia, argumentó que el recurso no configuraba un caso constitucional y que las cuestiones planteadas eran propias de las instancias de mérito, por lo que la queja debía ser rechazada. La mayoría consideró que la resolución de la Cámara vulneró garantías constitucionales y que, en las circunstancias del caso, la apelación debía ser revisada para evitar un perjuicio irreparable.