GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CONTRA ZETAUNE, VICTORIA LILIANA POR 23 - EJECUCION MULTA DETERMINADA POR CONTROLADOR

¿Quién es el actor?

Mariana Susana Chávez en representación del GCBA.

¿A quién se demanda?

La decisión del juzgado de primera instancia que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad y la caducidad de la instancia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare la inconstitucionalidad y arbitrariedad de la resolución que declaró la caducidad, y se revoque esa decisión.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la queja y se confirmó la decisión del juzgado de primera instancia. El tribunal sostuvo que la resolución impugnada vulneraba derechos constitucionales, particularmente el derecho de defensa y el principio de legalidad, al no cumplir con la intimación previa prevista en el art. 267 del CCAyT. Se consideró que la decisión fue arbitraria y violó garantías constitucionales, además de que el planteo tuvo base en la normativa infraconstitucional y en cuestiones de arbitrariedad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La resolución recurrida, al declarar la caducidad de la instancia sin la previa intimación a la parte actora, desconoce las normas que regulan la suspensión de los plazos procesales y los requisitos para la reanudación de los mismos, vulnerando así derechos constitucionales de defensa y propiedad." "El tribunal advierte que la decisión del tribunal inferior omitió dar cumplimiento con la intimación dispuesta en el art. 267 del CCAyT, en un contexto en el que, desde marzo de 2020, los plazos procesales estaban suspendidos, lo que genera duda sobre la existencia de una verdadera inactividad del proceso." "El análisis normativo y constitucional revela que la decisión fue arbitraria, y que la normativa vigente exige la intimación previa para la declaración de caducidad, lo cual no fue respetado." "El Fiscal consideró que, si bien el recurso no fue planteado contra una decisión definitiva del tribunal superior, la arbitrariedad y vulneración de derechos constitucionales justifican su admisión en virtud del principio pro actione."