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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en MSR Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo declaró la nulidad de la cesantía de la actora por vulnerar sus derechos por falta de ajustes razonables y condiciones de comunicación accesibles, y ordenó indemnización por daños patrimoniales y morales.

Personas con discapacidad Fundamentacion del recurso Situacion de vulnerabilidad Falta de fundamentacion Subsidio habitacional Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Cuestion no constitucional Derecho a la vivienda digna


¿Quién es el actor?

Yohana Antonela Rotela

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)
- Objeto de la demanda: Nulidad de la cesantía por ausencias injustificadas y restablecimiento en su puesto, además de daños y perjuicios por la vulneración de derechos por discapacidad auditiva.
- Decisión del tribunal: La Cámara anuló la sanción de cesantía y ordenó al GCBA pagar $100.000 por daños patrimoniales y $250.000 por daño moral, considerando que la Administración omitió brindarle herramientas de comunicación adecuadas, como intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA), y que la notificación y el procedimiento vulneraron sus derechos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia afirmó que la actora no contó con asistencia que garantizara su comprensión del acto administrativo, en particular por su condición de discapacidad auditiva, lo cual afectó la validez del acto sancionatorio. Se sostuvo que “la Administración omitió adoptar los ajustes razonables necesarios para garantizar la plena participación de la actora en el procedimiento, lo cual configura una vulneración de derechos constitucionales y legales”. Además, el tribunal destacó la importancia de la accesibilidad en los procedimientos administrativos y la necesidad de que las instituciones públicas implementen medidas de inclusión efectivas. La sentencia también argumentó que la omisión de asistencia adecuada y la falta de información comprensible generan nulidad del acto sancionatorio, y que la reparación por daño moral y patrimonial responde a la vulneración de derechos por discapacidad. La decisión fue sustentada en los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad, en concordancia con las normativas nacionales e internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad.

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