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CÍRCULO POLICIAL COMISARIO GENERAL RET ANTONIO IRIGOYTIA S/ USUCAPION

La Cámara de Gualeguaychú revoca la sentencia de primera instancia y rechaza la demanda de usucapión promovida por el Círculo Policial, debido a la insuficiencia probatoria para acreditar los requisitos de la usucapión veinteañal y la titularidad del inmueble por parte de la actora.

Posesion Usucapion Dominio Propiedad inmueble Revocacion Camara de apelaciones. Prueba probatoria Prescripcion veinteanal Testimonio documental Gualeguaychu

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Círculo Policial Comisario General Ret. Antonio Irigoytía, demandó la adquisición del dominio por usucapión del inmueble ubicado en Gualeguaychú, en virtud de poseerlo durante más de veinte años. La justicia de grado, tras analizar la prueba, concluyó que la parte actora no acreditó la existencia de los actos posesorios que justificaran la prescripción adquisitiva. El tribunal fundamentó que: "en el tránsito de evaluar el progreso de una acción de prescripción adquisitiva, tal la deducida en autos, 'es necesario que el pretenso poseedor no solo tenga la cosa bajo su poder, sino que sus actos posesorios se manifiesten de forma tal que indiquen su intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad'. Además, se resaltó que la posesión debe ser ostensible, continua, pública y pacífica durante al menos veinte años, y que la prueba producida en autos no alcanza a justificar estos requisitos." Asimismo, se destacó que: "el modo por el cual se ingresó al inmueble resulta importante; no basta con la mera utilización del predio ni con actividades recreativas, sin que exista un acto posesorio probado que indique la intención de ejercer la propiedad." El tribunal también consideró que la documentación probatoria, incluyendo la declaración sobre posesión y las constancias de concesión municipal, no evidencian una posesión efectiva y prolongada en carácter de dueño. La existencia de otro poseedor, como el municipio, y la evidencia de abandono por parte del propio actor, refuerzan la conclusión de que no se acreditaron los requisitos legales para la usucapión. En consecuencia, se revoca la sentencia de primera instancia y se rechaza la demanda, imponiendo las costas a la parte actora. Se ordena además la regulación de honorarios en la instancia de grado.

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