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BENEGAS, MANUEL ALBERTO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Corte Suprema de Santa Fe rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia en un conflicto administrativo. La decisión se fundamenta en la análisis de la constitucionalidad y la valoración de los hechos por parte del tribunal de origen, que no evidencian arbitrariedad ni vulneración de garantías constitucionales.

Recurso de queja Caducidad de instancia Inconstitucionalidad Garantias constitucionales Derecho procesal Inactividad procesal Control de constitucionalidad Decision judicial Santa fe Ley 11.330

Actor: Los actores que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad y la queja. Demandado: La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Santa Fe. Objeto: La declaración de arbitrariedad y vicio de inconstitucionalidad en la resolución que declaró la caducidad de la instancia por falta de impulso y actividad procesal, afectando derechos previsionales y garantías constitucionales. Decisión: La Corte Suprema rechazó la queja, confirmando la validez de la decisión de la Cámara, por entender que no se evidencian vicios constitucionales ni arbitrariedad en la resolución cuestionada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La resolución de la Cámara consideró que el expediente permaneció paralizado por más de tres meses, en virtud del plazo previsto por la Ley 11.330, sin que las partes impulsaran el trámite, y que las circunstancias invocadas por los recurrentes, como la firma de la cédula, carecían de carácter interruptivo ya que ocurrieron después del plazo de caducidad. La Cámara valoró que la aplicación restrictiva del instituto de la caducidad se encontraba justificada por la evidencia de la inactividad manifiesta y la carga de impulso en cabeza de los actores, además de que la cuestión constitucional no se vio afectada por la resolución. La Corte afirmó que las alegaciones de los actores no trascienden la mera disconformidad con la solución adoptada ni configuran un vicio constitucional, y que la decisión del tribunal de origen no excedió sus atribuciones ni vulneró garantías constitucionales. La inexistencia de arbitrariedad o violación constitucional llevó al rechazo de la queja, reafirmando la legitimidad de la resolución que declaró la caducidad y la validez del análisis de la Cámara.

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