CENTRO DE JUBILADOS DE CIENCIAS ECONOMICAS c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CIENCIAS ECONOMICAS -RECURSO DE AMPARO-LEGAJO DE COPIA- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe admitió la queja y concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el acuerdo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, que había revocado una sentencia de baja instancia y ordenado la entrega de información, por considerar que la imposición de costas violaba principios constitucionales y normas procesales.
- Quién demanda: El actor (parte que interpuso el recurso de inconstitucionalidad)
¿A quién se demanda?
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La inconstitucionalidad del acuerdo N° 49 del 23.03.2021, en lo que respecta a la imposición de las costas, por considerarlo incompatible con las normas constitucionales y procesales vigentes.
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema admitió la queja y concedió el recurso de inconstitucionalidad, ordenando la elevación de los autos principales y el trámite correspondiente, sin pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte consideró que la postulación del recurrente cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de autos, pudiendo configurarse hipótesis de inconstitucionalidad que ameritan su apertura. La resolución cuestionada, en su parte resolutiva, modificó la criterio de imposición de costas, aplicando una doctrina que contraviene principios constitucionales y normas procesales, como el principio del vencimiento y el respeto a la igualdad en la distribución de costas. La Sala señaló que la postura de la Cámara, que impuso costas a la parte ganadora por resistirse a la entrega de información, sin considerar la normativa que regula la imposición de costas en los casos de litigio en defensa de derechos constitucionales, vulnera el principio de igualdad y el derecho de defensa. Asimismo, resaltó que la fundamentación de la Cámara, basada en una interpretación errónea del instituto "razón plausible para litigar" y en una supuesta culpa de la parte actora, constituye una irrazonable fundamentación que amerita su revisión en sede de constitucionalidad. La Corte también hizo referencia a que la interpretación del tribunal de grado, que asimiló la situación procesal del actor a una admisión de pretensión, excede los límites de la fundada valoración jurídica y afecta garantías constitucionales. Por ello, consideró que la cuestión planteada tiene suficiente entidad y gravedad, justificando la apertura del recurso.
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