DI SANTE, RUBEN RODOLFO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe rechazó el recurso contra los decretos que asignaron funciones y titularizaron personal, confirmando la validez de los actos administrativos y la legalidad de las medidas adoptadas por la Administración Pública, en línea con la normativa vigente y precedentes jurisprudenciales.
- Quién demanda: Rubén Rodolfo Di Sante y otros actores
¿A quién se demanda?
Provincia de Santa Fe
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de los decretos 2049/10 y 186/11, y que el personal sea seleccionado por concurso conforme a ley
¿Qué se resolvió?
La Cámara declaró la improcedencia del recurso respecto del decreto 2049/10 y la procedencia del recurso respecto del decreto 186/11, anulando este último en su totalidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El recurso no puede prosperar respecto del decreto 2049/10, pues este acto no configura un ascenso sino una asignación transitoria de funciones, que no viola la sentencia previa ni afecta derechos de los agentes, ya que se trata de subrogancias y funciones transitorias, no de ascensos sin concurso. La jurisprudencia local y nacional ha señalado que las asignaciones de funciones y titularizaciones deben realizarse mediante concurso para garantizar la idoneidad y el acceso en condiciones de igualdad. En cambio, respecto del decreto 186/11, la circunstancia de que la titularización fue homologada por un acta paritaria no exime a la Administración de cumplir con los requisitos legales del concurso, ya que la homologación no implica la validez automática del acto de titularización sin la observancia del principio de igualdad y selección por concurso. La vía judicial no puede cuestionar los acuerdos paritarios homologados, pero sí los actos administrativos que las implementan sin respetar el procedimiento legal."
- La sentencia concluyó que la asignación y titularización por decreto 186/11 vulneraron el principio de igualdad y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos, por lo que se anuló dicho decreto.
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