AGUIAR, WALTER GABRIEL -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL AGUIAR, WALTER GABRIEL; BUSTOS, MATIAS DARIO; ALE, EDGARDO RAUL; SOTELO, JOSE ALBERTO; COPETTI, ALEJANDRO DARIO; ZANEL, JUAN JOSE s/ PRIVACION ABUSIVA DE LA LIBERTAD-TORTURAS-APELACION HORIZONTAL DE SENTENCIA- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe declaró la procedencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, anulándola por considerarla arbitraria y con deficiente fundamentación en la valoración de la prueba en un caso de torturas y privación ilegal de la libertad. La Corte remite la causa a un tribunal subrogante para su nuevo juzgamiento, señalando que la resolución impugnada no garantizó el derecho a la jurisdicción ni respetó los estándares internacionales en derechos humanos.
Actor: La parte querellante y la Fiscalía, en defensa de los derechos de la víctima, Walter Gabriel Aguiar y otros. Demandado: Los jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, por la resolución que revocó la condena por delitos de torturas y privación ilegal de la libertad en un caso ocurrido en 2013. Objeto: La declaración de inconstitucionalidad de la sentencia recurrida por su arbitrariedad, deficientes fundamentos y valoración parcializada de las pruebas, que afectaron el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Decisión: La Corte admitió el recurso, anuló la sentencia impugnada y ordenó remitir los autos a un tribunal subrogante para que revoque la resolución y juzgue nuevamente la causa conforme a los lineamientos expresados en la acordada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sentencia fue considerada arbitraria por su valoración parcializada de las pruebas, en particular la valoración de la declaración de la víctima y los informes médicos y psiquiátricos que acreditaron el sufrimiento psíquico y físico. La resolución impugnada omitió considerar elementos probatorios decisivos, como informes médicos y testimonios, y fundamentó su decisión en criterios dogmáticos desconectados de las constancias del expediente. La decisión vulneró el derecho constitucional a una adecuada motivación, además de los estándares internacionales que exigen la calificación de torturas en casos de violencia institucional y vulneración de la dignidad humana. La resolución no garantizó el derecho a la jurisdicción ni respetó los lineamientos internacionales sobre la protección de los derechos humanos en casos de torturas. La demora en el proceso, la multiplicidad de instancias y la posible parcialidad en la valoración probatoria justifican la anulación y remisión para nuevo juzgamiento.
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