G., R. L. s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD AGRAVADA POR SER COMETIDA MEDIANTE AMENAZAS Y VIOLENCIA Y POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO A LA SALUD DE LA VICTIMA; ABANDONO DE PERSONA AGRAVADO POR EL VINCULO. ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR RESULTAR UN GRAVE DAÑO A LA SALUD DE LA VICTIMA Y HOMICIDIO CALIFICADO POR EL VINCULO Y DENTRO DE UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la condena de R. G. a prisión perpetua por homicidio calificado y delitos conexos, sosteniendo la validez de la prueba y la existencia de violencia de género en el hecho.
¿Quién es el actor?
La defensa de R. G. interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria.
¿A quién se demanda?
Contra la sentencia N° 1334 del 30/12/2021 dictada por el Tribunal Pluripersonal de Juicio de Rosario.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que la sentencia sea revisada y se revoque o modifique la condena, alegando errores en la valoración de la prueba, la inexistencia de dolo y la vulnerabilidad cultural del imputado.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la sentencia apelada en todos sus términos, considerando que la condena por femicidio y delitos conexos está debidamente fundamentada en la prueba y en el contexto de violencia de género.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
El tribunal valoró la abundante prueba incriminante, incluyendo testimonios, informes médicos y autopsia, que acreditan la responsabilidad del imputado en la muerte de N. Q. y los delitos previos. La declaración de la hija, L. G., fue considerada creíble y coherente, con respaldo en informes médicos y testimonios de profesionales de la salud y trabajo social. La existencia de violencia física, psicológica y de privación de libertad, así como la relación de pareja y el contexto de violencia de género, fueron acreditados y valorados en conformidad con la ley 26.485. La supuesta influencia cultural de los pueblos originarios y las prácticas rituales no fueron suficientes para modificar la responsabilidad, dado que las evidencias muestran un patrón de violencia y abuso claramente acreditado. La pena de prisión perpetua impuesta fue considerada constitucional y proporcional al grado de culpa del imputado, sin que existan fundamentos suficientes para declarar su inconstitucionalidad.
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