BIANCHI, ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe declaró parcialmente procedente el recurso de apelación y casó la sentencia de primera instancia. La decisión se fundamentó en la insuficiente fundamentación y valoración probatoria del fallo anterior, particularmente respecto a la relación causal y responsabilidad del Estado en las inundaciones de 2003.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Antonio Bianchi, demandó a la Provincia de Santa Fe reclamando $100.000 por daños ocasionados por inundación en su propiedad en 2003, alegando negligencia estatal en las omisiones en obras de defensa y alerta temprana. La sentencia de primera instancia condenó al Estado a pagar la suma reclamada, considerando la responsabilidad por falta de servicio y daños morales, basándose en la omisión de medidas preventivas y de protección. La Provincia apeló alegando inconstitucionalidad, responsabilidad exclusiva de causas naturales y fallos en la valoración probatoria, además de cuestionar el monto indemnizatorio y las costas. La Cámara de Apelaciones, tras analizar los agravios, concluyó que la sentencia de primera instancia carecía de fundamentación autónoma suficiente, remitiendo indebidamente a sentencias previas, muchas de ellas contradictorias en cuanto a la relación causal y responsabilidad atribuida al Estado. La Cámara advirtió que las valoraciones probatorias no fueron adecuadamente consideradas, particularmente las vinculadas a periciales hidráulicas y decisiones penales, y que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta el carácter excepcional de la inundación, ni las concausas y elementos científicos que demostraban la previsibilidad del evento. Por ello, casó parcialmente la sentencia y ordenó reducir la responsabilidad del Estado en proporciones que deben ajustarse a las responsabilidades probadas, dejando sin efecto la condena total. Además, dispuso que las costas se distribuyan en un 50% para cada parte, en función del éxito relativo. La decisión fue adoptada por mayoría, considerando que la valoración probatoria y la fundamentación de la sentencia de primera instancia fueron arbitrarias y vulneraron derechos constitucionales y procesales del actor.
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