BOIDI, MAXIMILIANO ANDRES c/ GIORGIS, ALEJANDRO Y OTROS -COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad presentado contra una sentencia que desestimó pruebas y fundamentaciones relacionadas con la existencia de vínculo laboral y tareas realizadas por el actor. La decisión se basó en la falta de fundamentación adecuada y la omisión de valorar pruebas relevantes, ordenando la nulidad de la sentencia y remitiendo el expediente para nuevo pronunciamiento.
Quién demanda: Maximiliano Andrés Boidi
¿A quién se demanda?
Alejandro Giorgis y otros (empresa de transporte)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de relación laboral y pago de rubros laborales no abonados, incluyendo tareas de conductor de camiones y horas extras, tras alegar despido indirecto y trabajo no registrado desde los 12 años.
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad, anuló la sentencia recurrida por falta de fundamentación y ordenó su remisión al tribunal inferior para que dictamine sobre las cuestiones pendientes. Fundamentos principales de la decisión: La Corte observó que la sentencia de grado omitió considerar y fundamentar adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales que demostraban la existencia de vínculo laboral y tareas de conducción de camiones, pese a que dichas pruebas estaban debidamente acreditadas. "Las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones decisivas, como en este caso, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos". Asimismo, señaló que la decisión recurrida se basó en interpretaciones dogmáticas y en una valoración restrictiva de las pruebas, lo cual vulneraba el derecho a la defensa y el debido proceso. "La apreciación de elementos de hecho y prueba constituye facultad propia de los jueces, pero debe realizarse en forma razonada y fundamentada". En consecuencia, concluyó que la falta de fundamentación y la omisión en el análisis de las pruebas configuraban una vulneración constitucional, justificando la declaración de la nulidad y la remisión del expediente para un nuevo análisis.
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