JERONIMO, JUAN ARIEL c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348
La Cámara de Apelaciones en lo Laboral modifica la sentencia de primera instancia y declara la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación y actualización monetaria en créditos laborales, estableciendo una nueva modalidad de actualización con IPC y un interés del 3% anual para el crédito laboral.
- Quién demanda: Juan Ariel Jeronimo
¿A quién se demanda?
Provincia ART S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de incapacidad psicofísica del 19,70% y actualización del crédito por daños y perjuicios derivados del accidente laboral ocurrido el 23/01/2019.
¿Qué se resolvió?
La Cámara modificó la sentencia de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de ciertos artículos de leyes que prohíben la indexación, y dispuso la actualización del crédito con IPC y una tasa de interés del 3% anual desde la fecha del accidente hasta su pago efectivo.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La sala analizó la constitucionalidad de las leyes 23.928, 25.561 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, concluyendo que dichas normas, al prohibir la indexación y actualización monetaria, vulneran derechos constitucionales como el derecho de propiedad y la función resarcitoria del crédito laboral. Se fundamenta que la disparidad entre la tasa de interés prevista en dichas leyes y la realidad inflacionaria hace que el crédito pierda poder adquisitivo, siendo necesaria su actualización conforme al IPC y una tasa del 3% para evitar la licuación del crédito. Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema y antecedentes jurisprudenciales que respaldan la declaración de inconstitucionalidad de dichas normas en casos de créditos laborales y daños a la salud. Se destaca que la declaración de inconstitucionalidad de oficio es una facultad del tribunal para salvaguardar derechos constitucionales en casos concretos. La modificación de la sentencia busca evitar la quiebra del valor del crédito del trabajador, garantizando su función resarcitoria y protección constitucional, en un contexto económico caracterizado por alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.
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