SOTO, ROSANA ANABELLA y OTROS c/ AIMAR, CLAUDIA GABRIELA Y OTROS -SENTENCIA COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

- Quién demanda: La parte actora (Rosana Anabella Soto y otros)
- A quién se demanda: Claudia Gabriela Aimar y otros (herederos y sucesores)
- Qué se reclama: Reconocimiento de la continuidad de la relación laboral tras el fallecimiento del empleador, y reclamos por indemnización por antigüedad y preaviso.
- Qué se resolvió: La Cámara declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda en su totalidad, considerando que la parte actora no probó la continuidad laboral después del fallecimiento del Sr. Aimar, y que la pretensión no incluía indemnización por fallecimiento. Además, impuso costas a la actora. Fundamentos: La Sala resaltó que "la pretensión de la parte actora es el reconocimiento de la continuación de la relación laboral que dicen haber mantenido con 'los hijos' del Sr. Aimar, luego del fallecimiento de éste, reclamando consecuentemente las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso." La demanda no plantea la indemnización por fallecimiento y no prueba la continuidad del vínculo tras el deceso, por lo que "no es posible tratar la extinción por fallecimiento del Sr. Aimar, pues ello implicaría alterar los términos de la litis." La Cámara también consideró que "la pretensión estaba dirigida a obtener las indemnizaciones por antigüedad y preaviso, dentro del marco normativo de la ley 26844, sin integrar la pretensión la indemnización por fallecimiento." La sentencia de primera instancia fue ajustada a los hechos probados, y la alzada concluyó que no se acreditó la continuidad laboral posterior a la muerte del empleador. En la disidencia, los ministros Gutiérrez y Spuler consideraron que la queja debía ser rechazada por falta de afectación del derecho a la jurisdicción y por no haberse demostrado un agravio constitucional.
- La Corte Suprema de Santa Fe, en su resolución, admitió la queja y concedió el recurso de inconstitucionalidad, ordenando la apertura del expediente principal.