GUALTIERI NICOLAS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

- La parte actora interpuso recursos contra la sentencia definitiva en un expediente por reajustes previsionales.
- La Cámara analiza varias cuestiones: actualización del PBU, aplicación del índice de salarios, constitucionalidad de normativas, y la movilidad del haber previsional.
- La sentencia revoca parcialmente la decisión de primera instancia, declarándose la inconstitucionalidad de la Resolución 56/2018 de la ANSES, por contradecir el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y confirma la constitucionalidad de la normativa de movilidad.
- La Cámara concluye que la aplicación del decreto 807/2016 y la ley 27.260 no corresponde al caso, dado que el beneficio fue adquirido antes de dichas normativas. Además, se establece que las pautas de movilidad deben ser fijadas por el Congreso y que las modificaciones a las normas de actualización deben respetar los límites constitucionales.
- La sentencia también determina las costas por su orden en ambas instancias, y regula honorarios en el 30 % de lo regulado en la instancia anterior. Fundamentos principales: "En relación con la actualización de la PBU, cabe tener presente lo decidido por la Corte en los precedentes ‘Quiroga, Carlos Alberto’, ‘Sandoval, Norma Mabel’ y ‘Pichersky, Alberto Raúl’, donde concluyó que debía considerarse, de manera concreta, qué incidencia tenía la ausencia de incrementos en uno de los componentes del haber sobre el total del mismo, y en caso de merma, verificar si el nivel de quita resultaba confiscatorio." "Respecto a la constitucionalidad de las leyes de movilidad, la Cámara sostiene que 'cualquier impugnación actual de dichas pautas resultaría prematura y no ha quedado demostrada en el caso que dichas disposiciones no respetan la garantía constitucional del art. 14 bis'." "Se declara la inconstitucionalidad de la Resolución 56/2018 por contradecir el art. 14 bis, en virtud de que fija el índice de actualización de manera retroactiva y sin potestad constitucional para ello." "El análisis de la razonabilidad del art. 9 y 25 de la ley 24.241 concluye que no son irrazonables, en atención a los precedentes ‘Gualtieri’ y ‘Carpinelli’, y que la limitación del esfuerzo contributivo no vulnera derechos constitucionales."