PAEZ, CARLOS c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

El actor, beneficiario previsional desde 2011, impugna la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609, alegando que viola el art. 14 bis de la Constitución y principios internacionales de protección de derechos sociales, además de causar una depreciación de sus haberes. La Cámara analizó la evolución jurisprudencial y constitucional del derecho a la movilidad, destacando que la misma no se limita a una única fórmula, sino que requiere que las variables elegidas sean razonables, proporcionales y garanticen la protección del estándar de vida del beneficiario. La sentencia señala que la fórmula vigente desde 2022, basada en un 50% IPC y un 50% RIPTE, resulta irrazonable y desproporcionada ante la crisis inflacionaria y económica del país, generando una depreciación acumulada del 97,29% respecto al IPC y del 66,18% respecto al RIPTE, afectando gravemente el poder adquisitivo de los pasivos. La Cámara concluye que la ley 27.609, en tanto no garantiza la razonabilidad y proporcionalidad en la movilidad, es inconstitucional desde 2022, ordenando su declaración y proponiendo un mecanismo alternativo de actualización que refleje mejor la variación del costo de vida y salarios, en línea con los principios constitucionales y tratados internacionales. Además, confirma la constitucionalidad de la ley 27.426 y rechaza el pedido de inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del art. 3 del DNU 157/2018, imponiendo las costas a la demandada vencida.