ESNAOLA JORGE HERNAN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

- Quién demanda: Jorge Hernán Esnaola
- A quién se demanda: ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)
- Qué se reclama: Reajustes varios en cálculos de beneficios previsionales, actualización de remuneraciones, y otros aspectos relacionados con la liquidación de su prestación.
- Qué se resolvió: La Cámara confirmó la constitucionalidad del Decreto 807/16 y la aplicación del índice de actualización establecido por la Corte Suprema en el precedente “Blanco”, rechazando los agravios sobre la actualización de la Prestación Básica Universal y la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley 24.241, además de ratificar la prescripción bienal y la tasa de interés. La sentencia también dispuso diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley 24.241 para la etapa de ejecución y confirmó las costas de alzada a la demandada.
- Fundamentos principales: "El Tribunal puso en valor la jurisprudencia de la Corte Suprema que avala la constitucionalidad del Decreto 807/16, en especial la referencia en el fallo 'Blanco', que resaltó que 'no puede admitirse el ejercicio de una potestad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional, ejecutada por ese departamento del Estado desde el año 2008 en dos oportunidades (leyes 26.417 y 27.426)... que por lo expuesto es el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego.' Así, la decisión de la Cámara fue confirmar la constitucionalidad del decreto y la validez del índice aplicado." "Asimismo, sobre la Prestación Básica Universal, el Tribunal se basó en el precedente 'Quiroga' de la Corte Suprema, que sostuvo la importancia de la relación justa entre los haberes y la protección constitucional del artículo 14 bis, señalando que la insuficiente actualización de la PBU puede producir una disminución confiscatoria, pero que ese análisis debe hacerse en la liquidación de la sentencia, permitiendo ajustar mecanismos para evitar efectos confiscatorios." "Se ratificó también la jurisprudencia sobre la inaplicabilidad del artículo 26 de la Ley 24.241 en la etapa de ejecución y la validez de la tasa de intereses aplicada, en línea con Fallos de la Corte Suprema, y se confirmó que la prescripción bienal prevista en la ley es constitucional."