Logo

REYERO, MIGUEL ANGEL c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

La Cámara Federal de Bahía Blanca revisa la constitucionalidad de las leyes de movilidad previsional y ordena la actualización de haberes conforme a una fórmula de proporcionalidad entre índices económicos, modificando y en algunos aspectos invalidando las normativas impugnadas.

Movilidad previsional Inconstitucionalidad Formula de actualizacion Indices economicos Proteccion de derechos sociales Garantias constitucionales Sentencia judicial Reforma previsional Inflacion Derechos de los adultos mayores


- Quién demanda: Miguel Ángel Reyero
- A quién se demanda: ANSES
- Qué se reclama: Impugnación de acto administrativo, reclamo de reajuste de haberes previsionales, declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos vinculados a la movilidad previsional.
- Qué se resolvió: La Cámara modificó la sentencia de primera instancia, ordenando la actualización de los haberes del actor desde diciembre de 2020 en base a una fórmula que combina el IPC y el RIPTE en partes iguales y declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 a partir de 2022. También rechazó las inconstitucionalidades del art. 27.426 y del art. 3 del DNU 157/2018, confirmando en parte la decisión de primera instancia.
- Fundamentos principales: La Cámara analizó la constitucionalidad de las leyes de movilidad previsional, concluyendo que la ley 27.609, que estableció una fórmula compleja basada en variables relacionadas con la recaudación y salarios, viola la garantía constitucional de movilidad, ya que no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo real de los haberes pasivos, en especial ante la inflación y la crisis económica. La jurisprudencia de la CSJN indica que la movilidad debe mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores y no puede desconectarse de la realidad económica. La fórmula adoptada por el Congreso resulta razonable en su marco, pero su aplicación práctica, con la pérdida de correlación con los índices inflacionarios desde 2021, llevó a la depreciación de los haberes, lo que motivó su declaración de inconstitucionalidad. La solución propuesta consiste en aplicar una fórmula de actualización trimestral que combina IPC y RIPTE en partes iguales, garantizando una mayor fidelidad en la recomposición de los beneficios y respetando los principios de proporcionalidad, progresividad y la protección del derecho a la propiedad.

Buscá fallos judiciales y jurisprudencia relevante para tu caso

Accedé a la base de datos más completa de jurisprudencia argentina. Encontrá sentencias de todos los fueros y jurisdicciones, con análisis detallado y keywords relevantes.

Comenzar