LIZARDO CARLOS PABLO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La parte demandada (ANSES) cuestionó la validez del índice aplicado para actualizar las remuneraciones y la PBU, y la constitucionalidad de varias leyes y decretos, solicitando la aplicación del índice previsto en la ley 27.260, Decreto 807/16 y Resolución ANSeS 56/2018. La Cámara sostuvo que la validez del Decreto 807/16 y la ley 27.260 fue ratificada por la Corte Suprema en el fallo “Blanco”, y que la actualización de la PBU mediante los parámetros del precedente “Badaro” es válida. Respecto a la inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3) de la ley 24.463, se declaró su inconstitucionalidad, considerando que la aplicación de topes que generan una quita superior al 15% sería confiscatoria, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo. Se diferió el análisis de la inconstitucionalidad de leyes 26.417, 27.541, 27.609 y 27.426 en la etapa de ejecución, para evaluar con mayor precisión sus efectos y en un contexto de cambios normativos. Se confirmó además la improcedencia del planteo respecto de la ley 27.609 y la ley 27.541, y se revocó parcialmente la sentencia en relación a la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27426 y la ley 27609. Se mantuvo la imposición de costas a la parte vencida. Los fundamentos principales incluyen la jurisprudencia de la Corte Suprema y la necesidad de garantizar la movilidad previsional en un marco de razonabilidad y protección de derechos sociales, priorizando la seguridad jurídica y la adecuada valoración de los cambios normativos en la etapa de ejecución.