BULACIO NORMA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La parte demandada (ANSES) y la actora (Norma Bulacio) cuestionaron la constitucionalidad de varias leyes y artículos relacionados con las reajustes previsionales y la movilidad de jubilaciones.
- La Cámara analizó la conformación de la fórmula de movilidad del art. 32 de la ley 24.241, la validez de la ley 27.426 y la normativa reglamentaria, concluyendo que no existen elementos que justifiquen su declaración de inconstitucionalidad.
- La sentencia destaca que la ley 27.426 y la nueva fórmula de movilidad se ajustan a los principios constitucionales y jurisprudenciales, y que la delegación legislativa en materia de movilidad fue constitucional, especialmente en el marco de la emergencia económica y sanitaria.
- Se afirmó que la declaración de inconstitucionalidad requiere un análisis exhaustivo y que en este caso, no se evidenció irracionalidad ni vulneración constitucional.
- Respecto a la ley 27.541 y los decretos reglamentarios, la Cámara también confirmó su validez, reiterando que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia son razonables y constitucionales.
- La Cámara rechazó los planteos respecto a los bonos otorgados por decretos desde septiembre de 2022 y la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463, declarando la cosa juzgada de la causa previa.
- En cuanto a las costas, dispuso que se mantengan en la instancia de alzada, en línea con la jurisprudencia de la CSJN, y que las futuras liquidaciones determinarán la distribución de costas según corresponda. Fundamentos principales: “La declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico.” “El análisis de constitucionalidad de las leyes y decretos en el contexto de emergencia económica y sanitaria debe realizarse con cautela, pero en este caso, no se evidencian irracionalidades ni vulneraciones constitucionales.” “La potestad del Congreso para regular la movilidad previsional no fue vulnerada, y las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia son constitucionales, atendiendo a la necesidad de preservar el bienestar de los beneficiarios.”